Margarita era violentada por su pareja y pidió ayuda a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FE) no en una ocasión, sino cuatro veces. De nada le sirvió: la asesinaron. Por omisa, la dependencia debe pagar 6 millones de pesos a los deudos, pero ahora asegura que no tiene dinero.

La historia de la mujer y su pareja Sabino estaba llena de separaciones y reconciliaciones, dado el ciclo de violencia que vivían. Ella fue agredida desde el 15 de julio de 2014. En la primera denuncia, Margarita relató que su pareja le picó el cuello con un desarmador hasta que ella logró escapar.
A pesar de que dijo que antes ya la había querido ahorcar, la Ministerio Público que tomó su caso no revisó el contexto de violencia y no giró los oficios correspondientes para protegerla.

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Escena del crimen donde le arrebataron la vida a Margarita en 2017

La víctima volvió a la Fiscalía otras tres veces; una de ellas fue porque Sabino la golpeó con un tubo y la amenazó de muerte. Cada vez la atendió un agente del Ministerio Publico diferente y no le dieron seguimiento desde la primera denuncia.

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El 23 de agosto de 2017 el hombre asesinó a Margarita en la Colonia Santa Isabel, en Tonalá, y fue detenido. Todavía no recibe sentencia.

Ante la omisión de la Fiscalía, los papás, hijos y la hermana de Margarita ganaron un juicio de responsabilidad patrimonial luego de demostrar que los servidores públicos no protegieron a la joven de 24 años, de acuerdo con el expediente 70/2018 de la Sala Superior de Justicia Administrativa.
En la resolución se establece el pago a los deudos por 6 millones de pesos, incluso René Salazar Montes, director general jurídico de la Fiscalía del Estado, firmó un convenio de dos pagos con la familia, el cual no ha cumplido.

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“Empezaron las excusas, el dilatar, el ocultar información hasta llegar a la fecha 13 de enero de 2021 cuando en definitiva nos dicen que no hay dinero, que supuestamente el dinero que se tenía destinado para este pago se usó para las vacunas del Covid”.

Christian Adrián Frías Lomelí, abogado de la familia.

Con la indemnización, añade, la familia busca sentar un precedente y que esas omisiones no le ocurran a otra persona, que las mujeres que sufren violencia no sean ignoradas por la autoridad.

“Lo que se busca es castigar a la autoridad, es una forma en la que se reprende a la autoridad para que los servicios que se le brindan al ciudadano, sigan siendo de calidad”, explicó.

Los papás y la hermana de la joven asesinada esperan el pago de la Fiscalía para garantizar la educación y la vivienda de los hijos de Margarita, de 7 y 11 años.

Por este feminicidio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 3/2019.

Agencia Reforma

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