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Cancelación de NAIM, más cara de lo que dijo el Presidente

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Cancelación de NAIM, más cara de lo que dijo el Presidente

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) tuvo un costo de al menos 331 mil 996 millones 517 mil pesos, 231 mil 996 millones de pesos o 232 por ciento más que el monto de 100 mil millones de pesos determinado inicialmente por el Gobierno Federal, concluyó la ASF.

Incluso, de acuerdo con la auditoría que forma parte de la tercera entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019, el costo de la suspensión y cierre del proyecto del NAIM puede incrementarse más, ya que hay contratos que aún siguen vigentes,

Para justificar su cancelación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador además aseguró que la obra estaba plagada de irregularidades, pero hasta la fecha no ha habido denuncia alguna o ninguna persona ha sido metida a la cárcel como resultado de la corrupción denunciada por el Presidente.

“Toda vez que en esa estimación la dependencia consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados”, concluyó la auditoría.

En el documento “Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco”, publicado en abril de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que el costo de cancelación sería de 100 mil millones de pesos y ese monto fue tomado como referencia, mencionó la ASF.

Sin embargo, en agosto de ese mismo año, la SCT dijo públicamente que el costo final de la cancelación del proyecto, que estuvo a cargo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), había sido de 71 mil millones de pesos, por lo que en comparación con este monto, la estimación de la ASF es 260 mil 996 millones de pesos superior.

En su auditoría, el órgano regulador mencionó que el costo total de la cancelación contempla 163 millones 540 millones de pesos por gastos ya erogado a 2019.

El monto total también incluye 84 mil 915 millones de pesos por la liquidación de la Fibra E y la recompra de bonos en su momento se emitieron, por 6 mil millones de dólares, para recaudar recursos para la construcción del proyecto.

Además, se sumaron 168 mil 455 millones de pesos de costos adicionales por los bonos todavía en circulación y los intereses que generarían si no se hace una recompra.

Resaltó que a 2019 estaba pendiente la liquidación del 70 por ciento de los bonos por un valor de 79 mil 265 millones de pesos más los intereses que serán de 89 mil 190 millones de pesos.

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Contratos, juicios y gastos pendientes del NAIM

El monto estimado de la cancelación puede incrementarse, debido a que, a la fecha del presente informe no se encontraron identificados ni cuantificados por el GACM los costos adicionales por la liquidación de los contratos pendientes, ni por los juicios y demandas interpuestos, advirtió la ASF.

Asimismo, existen limitantes en la información proporcionada por el Grupo, ya que este último consideró la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos, pero no incluyó las implicaciones derivadas del esquema de financiamiento definido para la construcción, ni los costos legales involucrados, señaló.

Sostuvo que el GACM informó que 51 contratos estaban vigentes en el ejercicio 2019, y se cerraron anticipadamente 23; sin embargo, no hubo evidencia que permitiera conocer el estatus de los 28 restantes.

Tampoco se acreditó que, efectivamente, al 2019, estaban vigentes 51 contratos, equivalentes al 7.4 por ciento de los 692 suscritos.

Aunado a ello, deberán pagarse comisiones o intereses generados por los bonos en circulación pendientes de recompra, los cuales se verán afectados por las variaciones en el tipo de cambio que el peso frente al dólar pueda presentar, resaltó la ASF.

Agregó que, a 2019, continuaban en proceso de resolución 41 juicios de amparo, 1 juicio contencioso administrativo y 2 demandas de arbitraje internacional, derivados de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, adquisiciones y servicios.

“Se podría llegar a solicitar asesoría y representación legal durante los procesos que se realicen para liquidar los bonos en circulación que quedaron pendientes, así como para continuar con los juicios y demandas que se encuentran en proceso”, advirtió.

Agencia Reforma

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