María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN-PRD a la Gubernatura de Chihuahua, fue vinculada a proceso por el delito de cohecho pasivo, por presuntamente haber recibido más de 9 millones de pesos de la llamada “nómina secreta” del ex Gobernador priista César Duarte, cuando era diputada en el Congreso del Estado.
El Juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez también resolvió procesar por el mismo delito a los ex legisladores María Ávila Serna, del PVEM y Rodrigo de la Rosa, del PRI, en perjuicio de las finanzas estatales.
El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el cierre de la investigación, en tanto que la defensa el máximo de seis meses.
Tras una maratónica audiencia, que inició el miércoles aproximadamente a las 8:00 horas y concluyó aproximadamente a las 22:30 horas del jueves, tiempo local, luego de un receso de más de 14 horas, el juzgador encontró elementos para vincular a proceso a la candidata y ex Alcaldesa con licencia de Chihuahua Capital.
El Juez acreditó el presunto desvío de recursos realizado por personal de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero a los tres imputados.
Señaló que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los tres imputados no fueron controvertidos por la defensa de los involucrados, por lo que el valor probatorio de las mismas acreditan la probable comisión del delito presentado por la Fiscalía General de Chihuahua.
Durante la audiencia se expuso que luego de que en un medio de comunicación local se difundieron recibos del dinero recibido, la Fiscalía General del Estado realizó cotejos correspondientes con escrituras que el notario Número 4 inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y coincide con la firma de Luis Raúl Flores, titular de la notaría.
Se reconoció como documento auténtico 34 recibos certificados.
María Eugenia es acusada de recibir indebidamente más de 9 millones de pesos para ella y para César Jáuregui Moreno, ex líder de la fracción parlamentaria del PAN, entre 2014 y 2015.
Rodrigo De la Rosa, ex coordinador de la bancada del PRI, fue acusado de recibir 2.5 millones de pesos, en tanto que María Ávila Serna, del PVEM 3.8 millones de pesos.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la llamada “nómina secreta” estaba conformada por un fondo de mil millones de pesos, desde el que se desviaron recursos hacia políticos, líderes religiosos, periodistas y representantes de otros sectores.
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… Y acusa candidata persecución política
María Eugenia Campos Galván, candidata del PAN-PRD, acusó una persecución por parte del Gobernador panista Javier Corral con el propósito de entregar el estado a Morena.
“Sé que hay quienes querrán decir que con esta audiencia se comprueba el delito o la culpabilidad, pero eso es completamente falso, por eso quiero dejarles muy claro que esta vinculación no es una sentencia, y por eso, no afecta mis derechos políticos de votar y ser votada, por lo que entraremos con mucha confianza y fuerza a la campaña electoral”, indicó Campos Galván en un mensaje a medios de comunicación.
Campos Galván dijo que luchará porque las instituciones cumplan con su vocación y su deber.
“Y sirvan a los chihuahuenses y no sirvan solo a la persecución que desde hace tiempo se desató en mi contra desde Gobierno del Estado, desde la propia oficina del Gobernador Javier Corral jurado y desde la oficina de su Secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé”, dijo la aún candidata.
“Desde las oficinas de sus aliados políticos y construyendo artificialmente un caso que les permitiera continuar con la persecución personal y política en contra de una servidora, sobre todo esto con el fin y el motivo de entregar el estado a Morena”, acusó la Alcaldesa con licencia de Chihuahua Capital.
En su mensaje, la candidata afirmó que la vinculación a proceso que hoy se ha definido no significa que se haya dado la razón al Ministerio Público, ni significa que se hayan confirmado sus acusaciones.
Según Campos Galván, la definición del Juez no es vinculante para una responsabilidad penal.
“Yo tengo confianza en el sistema judicial y sabedora de las consecuencias decidí enfrentar la formulación de la imputación. Sin embargo, como lo refirió el juez, esto de ninguna manera altera el trato de presunción de inocencia que se debe guardar sobre mi persona”, expresó la candidata.
Recalcó que apenas comienza el proceso formal de investigación, y pasará tiempo hasta que se desahoguen las investigaciones.
“Como ustedes escucharon el propio juez muchas de las pruebas que hoy se mencionaron deben ser llevadas por control judicial, pues en esta etapa inicial la Fiscalía no nos permitió acceder a ellas debidamente”.
Señaló que el Estado de Chihuahua está en riesgo, y que lo que le están haciendo a ella se lo pueden hacer a muchos chihuahuenses.
“Hoy más que nunca estoy decidida a evitar que esto le ocurra a nadie más”, mencionó la candidata panista.
“Porque, como chihuahuenses, herederos de una lucha ejemplar por las instituciones, no merecemos un Gobierno que colocó su éxito en la persecución de una servidora, y dedicó fuerzas y recursos del estado en esta persecución con base en mentiras, en lugar de atender las necesidades más sentidas de la población”.
En lo jurídico, añadió la candidata, seguirá aportando lo necesario para demostrar que las acusaciones son falsas, y que este proceso es una persecución política basada en declaraciones amañadas, fabricación de pruebas, utilización de instituciones, amenazas y una confabulación de actores políticos, personajes del gobierno estatal y de otros partidos.
“Con la única intención de difundir la mentira, engañar a los ciudadanos y dañar la relación de confianza que durante años hemos construido con los chihuahuenses”, dijo la candidata.
“Ustedes me conocen, y saben que no tengo nada que esconder, nada que temer y que mi conciencia está tranquila. Estamos a unas horas de arrancar la campaña electoral, y quiero decirles que no nos van a detener, que aún con el proceso, vamos a salir a todo el estado a conquistar almas para cambiar el futuro de todo Chihuahua”, finalizó la candidata.
Agencia Reforma