A través de un esquema ajeno a lo que se establece en la ley, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) gastó en 2020 más de 120 millones de pesos -equivalentes a la cuarta parte de su nómina anual- para dotar de celulares a 32 mil jóvenes becarios que llevan educación básica a comunidades marginadas, en algunas de las cuales ni siquiera hay señal.
La institución, entonces dirigida por Cuauhtémoc Sánchez Osio, quien dejó el cargo el 9 de febrero pasado tras ser denunciado penalmente por entregar contratos a modo, no utilizó ninguno de los esquemas establecidos en la Ley de Adquisiciones, sino que depositó el dinero a las cuentas individuales de los becarios y los obligó a adquirir los celulares con un proveedor específico, además de limitar a cuatro los modelos entre los que podrían elegir.
Se tuvo acceso a documentos que muestran el esquema utilizado por el Conafe para la adquisición de los celulares en el estado de Sinaloa, aunque el modelo se replicó en el resto del País.
Conforme el expediente, la institución depositó 3 mil 764 pesos a la cuenta de cada LEC o docente, y les pidió retirar el dinero al día siguiente para sólo volverlo a depositar a la cuenta de Amigo Vial, la empresa que fue designada como proveedora.
Para asegurar la realización del depósito a Amigo Vial, se habilitó un número de WhatsApp para recibir los comprobantes bancarios.
Además, se les advirtió que, de usar los recursos para fines distintos a la compra del equipo, serían objeto de sanciones, incluida la baja del servicio.
“Es importante enfatizar con las figuras educativas que no se gasten el dinero, ya que será parte del depósito del móvil y quien lo destine para lo que no es perderá la beca, se le dará de baja del servicio y no obtendrá su carta de servicio”, indica un mensaje al que se tuvo acceso.
Los LEC sólo pudieron elegir entre cuatro opciones de equipos: Lanix LTE ILIUM, Motorola LTE XT 1920 18 Moto E5 Play, ZTE LTE Blade V9 Vita y Alcatel LTE 5026, los cuales fueron entregados en calidad de préstamo hasta la conclusión del ciclo escolar.
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La institución también obligó a los jóvenes a pagar con sus propios recursos los celulares si éstos presentaban algún daño, a cambio de quedarse con él.
“Me piden 1900 o que pierdo mi beca, pero el rayón es algo mínimo, medio cm y muy superficial”, reclamó un afectado en un mensaje compartido en un chat.
“Yo pagué $2,100 (…) Yo lo pagué porque perdí el cargador. Y no encontré el original. Pero me regresaron el celular ahora es mío (…) veré si lo puedo vender, porque la cámara saca feas las fotos”, compartió otro voluntario.
Los LEC también informaron que los teléfonos no funcionaron para los objetivos establecidos por el Conafe, porque no tenían capacidad o porque en sus comunidades no cuentan con servicio de telefonía o de internet.
“Sí, Lanix desde el principio ni funcionaba, no soportaba las aplicaciones; cuando pedían sus reportes los tenía que editar en el personal y después enviarlo al IPhone de Conafe”, escribió una LEC.
“Mejor que no te den nada, si te roban o lo pierdes lo tienes que pagar y carísimo por un teléfono chafa”, afirmó otro joven.
“Cuando ingresas (te dan un celular) y al terminar el ciclo lo devuelves, pero ojo, si lo descompones te lo cobran y tendrás que pagarlo. Y si te toca una comunidad donde haya señal ya la hiciste, pero si no nomas lo tienes para las app”, advirtió otro LEC.
Rechaza Conafe acusaciones de lavado de dinero
Ante esas irregularidades, el propio Conafe tuvo que salir a defender su programa. El 27 de diciembre pasado, emitió un comunicado en el que aseguró que la compra de los equipos tuvo como objetivo brindar de herramientas a los LEC e incluso rechazó que se trate de una operación que tenga como fin el lavado de dinero.
“Son totalmente falsas las versiones que pretenden mostrar como lavado de dinero un programa absolutamente transparente en beneficio de los Líderes para la Educación Comunitaria (LEC). A todos los LEC se les dotó de un teléfono celular para que tuviera las aplicaciones necesarias para capacitarse y para estar al frente del grupo”, señala el documento.
Sin embargo, no explicó dónde están los teléfonos y qué pasó con el dinero que algunos de los docentes pagaron por quedarse con los equipos.
Agencia Reforma