Un tribunal federal echó abajo el proceso iniciado a Lidy Alejandra Sandoval López, hija del ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por un supuesto lavado de 5 millones 206 mil 612 pesos en la adquisición de tres inmuebles entre 2009 y 2017.
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El Segundo Tribunal Unitario, con sede en Tepic, Nayarit, concedió un amparo a la imputada y ordenó en su sentencia emitir un fallo de no vinculación a proceso, dado que se concluye que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó los datos mínimos del delito.
Juan Manuel Ortiz Flores, secretario en funciones de magistrado del tribunal, consideró que no hay evidencia de que Sandoval López haya intervenido dolosamente en las compras de los inmuebles, con la finalidad de fungir como prestanombres de su padre, el ex gobernador de Nayarit.
“De la totalidad de las imputaciones existentes en la carpeta de investigación, ninguna se erigía en contra de Lidy Alejandra Sandoval López, ya que las mismas se encontraban dirigidas al diverso imputado, como la persona que se presume utilizó esos recursos de manera ilícita, para la adquisición probable de diversos bienes inmuebles dentro del territorio nacional y con conocimiento de que procedían de una actividad ilícita”, establece la sentencia.
“Tampoco hace señalamiento alguno en relación con el hecho de que quedó desvirtuada la afirmación realizada por la fiscalía de que por su edad y, por no contar con ingresos en el año dos mil nueve, Lidy Alejandra Sandoval López, no podía sufragar el gasto de las propiedades, puesto que se justificó que al menos una de ellas fue cubierta por su propio progenitor, el ex gobernador de Nayarit”.
Según constancias judiciales, el 12 de junio un juez de control de Nayarit dictó la no vinculación a proceso a Sandoval López, pero la FGR apeló y consiguió que el fallo fuera revocado por Rodolfo Munguía Rojas, magistrado del Primer Tribunal Unitario de Nayarit.
La hija del ex Gobernador presentó el amparo contra esa decisión y consiguió que ahora se ordenara cancelar el proceso, lo cual puede ser impugnado por la Fiscalía.
De acuerdo con documentos consultados, en la audiencia inicial la imputada fue defendida por el abogado José Miguel Castillo, quien descartó hacer comentarios sobre este litigio.
En una ocasión la imputada rindió su testimonio y rechazó haber tenido el propósito delictivo que le atribuye la FGR, de blanquear durante 8 años dinero de su padre.
“En 2009 no podía tener por cierto y -como propósito delictivo- que en 2017 mi padre iba a ser Gobernador y con motivo a ello, iba a poder adquirir la propiedad ubicada en el lote 17, en el Fraccionamiento Bonaterra, de la Ciudad de Tepic”, dijo.
“Bajo la hipótesis de la sentencia reclamada se arribaría a la presunción de que en 2009 yo sabría que se iba a construir el inmueble que adquirí en 2017, que iba a estar disponible para la venta, que precisamente en las ofertas de venta la mía era la elegida”.
Agencia Reforma