La FGR informó que solicitará, por tercera ocasión, que un juez federal emita una orden de arresto contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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“La FGR intentará esta instancia y todos los recursos procedentes que tenga esta institución para la defensa de los intereses de la Federación, frente a delitos de carácter patrimonial… al considerar que tiene elementos suficientes para acreditar daño patrimonial al Estado por 244 millones de pesos”, informó la Fiscalía.
Ya en dos ocasiones un juez de distrito negó las aprehensiones, porque consideró que la FGR no presentó los elementos de prueba suficientes para conceder las capturas y pidió que, en dado caso de presentar una nueva solicitud, sustente bien las imputaciones.
La Fiscalía señaló a los exfuncionarios del Conacyt por autorizarse, entre 2013 y 2018, recursos para la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para realizar funciones que ya realizaba el Conacyt.
“Por lo anterior, se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”, dijo la Fiscalía.
“El Juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del CONACYT, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del CONACYT, lo autoriza.
“Ese criterio no es aceptable para la Fiscalía General de la República (FGR), ya que un estatuto interno emitido ad-hoc por los propios funcionarios del CONACYT, no puede ir en contra de lo señalado por la Ley de Ciencia y Tecnología y por la Ley Orgánica del propio CONACYT, que son obligatorias para ellos, y que consideran al Foro como un órgano interno de esa Institución, y no permiten, en modo alguno, que dicha dependencia pueda convertirse en una empresa privada, que obtenga sus fondos, sus beneficios, recursos y salarios del presupuesto público destinado a la investigación científica, utilizando dicho estatuto en contra de las leyes ya señaladas, que son de jerarquía superior y obligatoria”, indicó la FGR.