La audiencia inicial que inició ayer para resolver el caso de la Línea 12 del Metro se pospuso para el próximo 3 de diciembre, debido a que los abogados de los 10 exfuncionarios imputados, así como los de las víctimas, argumentaron ante el juez que tomó el caso, Édgar Jesús Campos Burgos, que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) entregó de manera electrónica y en USB el contenido de las carpetas de investigación.
PUEDES LEER: Comparecen 10 implicados en colapso de la Línea 12
La información, según los abogados, consistía en una USB con más de dos terabytes de información y más de 5 mil fojas, por lo que pidieron al togado tiempo suficiente para analizar y conocer a detalle la investigación, pues de lo contrario no podrán defender a sus clientes.
Por tal motivo no se formuló imputación alguna contra los 10 exfuncionarios por el colapso de Línea 12 del Metro.
También se dio a conocer que cinco de los señalados solicitaron a la fiscalía capitalina llegar a un “acuerdo reparatorio”.
Se trata de Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro; Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector de Diseño de Obras Civiles de Proyecto Metro; Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obras Civiles de Proyecto Metro; Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de Obra del tramo Olivos-Tezonco y subdirector de afectaciones; y Enrique Baker Díaz, director de Ingeniería y Proyecto de Obra Civil.
El documento lo entregaron el pasado 21 de octubre; sin embargo, hasta el momento la fiscalía capitalina ha desestimado ese recurso.
Durante la audiencia se dio a conocer que Enrique Horcasitas Manjarrez y Moisés Guerrero Ponce, no se presentaron ante el juez.
Al momento en que el juez pidió justificar la ausencia de Enrique Horcasitas, su defensa argumentó que tenía “síntomas de Covid”, a lo que la defensa de las víctimas exigieron un comprobante médico de lo dicho.
“Desafortunadamente no se llegó a formular la imputación, debido a un problema, toda vez que la fiscalía capitalina no ha proporcionado las copias físicas de la carpeta, se nos dio acceso a una nube, pero en ese usuario es muy complicado descargar los documentos.
“Entonces, tanto las defensas como las asesorías jurídicas coincidimos en que no hemos tenido el tiempo para revisar a detalle todo el expediente, por eso no se formuló ninguna imputación, no hubo más avances en esta primera audiencia”, expuso Cristopher Estupiñan, abogado de 14 de las 66 víctimas citadas por el colapso de la Línea 12.
El litigante reveló que las autoridades capitalinas y la fiscalía buscan llegar a un acuerdo “en lo oscurito” con las empresas constructoras sin consultarlos a ellos —como defensa— ni a las víctimas, de quienes dijo, temen una represalia de las autoridades y se han sentido hostigadas por integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.
“Los de la Comisión de Víctimas están buscando resolver este tema con las empresas tras bambalinas, ya estuvieron en contacto con la empresa Carso. Esta empresa firmó un convenio reparatorio con la Ciudad de México, pero no obra en la carpeta los términos de ese acuerdo; por qué no se nos ha instado, porque la comisión busca hacer a un lado la defensora jurídica nulificando así nuestros derechos”, acusó el abogado defensor de las víctimas de la Línea 12.
Abogado de víctimas de la Línea 12 pedirá sanción de 24 mil mdp
Cristopher Estupiñan, asesor jurídico de las víctimas de la caída de un tren en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, dijo que exigirá la imposición de una multa por 24,500 millones de pesos a las empresas que participaron en la construcción de esta línea del Metro; así como la imposibilidad para que participen en obras públicas.
Durante la primera audiencia judicial para imputar a 10 personas físicas por los delitos de homicidio culposo, daño a la propiedad y lesiones culposas, a causa del colapso en el que murieron 26 personas, el abogado de las víctimas de la Línea 12 dijo que las empresas buscan la creación de un fondo que les garantice que no habrá el ejercicio de acciones civiles, penales o administrativas.
“¿Eso qué implica, implica ahorrarse un juicio oral, implica ahorrarse un proceso civil en el que por una parte la pena pudiera ser una sanción, una multa con base en sus ingresos, de 24,500 millones de pesos, o la no participación en obra pública, incluso daños punitivos en la vía civil”, dijo Estupiñan en conferencia de prensa.