El empresario Juan Carlos Martínez Cecias Rodríguez, ex candidato a la Gubernatura de Querétaro por el partido Fuerza por México en los comicios de junio pasado, fue arrestado en Estados Unidos por un presunto fraude de 30 millones de dólares bajo un esquema relacionado con visas reservadas para empresarios.

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El Departamento de Justicia estadounidense informó que Martínez, de 51 años y cercano al dirigente del partido y senador morenista Pedro Haces, fue arrestado el lunes en Houston, Texas, acusado de cuatro cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de alentar e inducir la inmigración ilegal para beneficio privado. Su socia Karina Hernández también fue detenida por los mismos cargos.

El senador morenista Pedro Haces, con el Presidente López Obrador.

El empresario y ex candidato es dueño de Mobile Coatings Management (MCM) y copropietario y presidente de Uberwurx, una empresa de reparaciones y acondicionamiento automotriz que en Estados Unidos opera como RhinoPro.

Martínez utilizó Uberwurx para invitar a mexicanos a invertir en franquicias para obtener visas E-2 e ingresar legalmente a Estados Unidos, pero la compañía MCM era la que administraba dichas filiares, lo que viola los requisitos de este tipo de visas. Según el Departamento de Justicia, el ex candidato ordenó a los inversores que omitieran esta información en sus solicitudes de visa.

“Martínez trabajó con Hernández para comercializar y vender la franquicia Uberwurx a inversionistas nacionales mexicanos, pero no pudo realizar muchos pagos garantizados a los inversionistas”, dijeron las autoridades estadounidenses. “Perpetraron este esquema en al menos 120 inversionistas diferentes entre enero de 2017 y diciembre de 2021 con una pérdida de más de 30 millones”.

Las penas a las que puede ser acreedor el ex candidato

Su socia Karina Hernández fue acusada en abril de otra estafa en la que presuntamente engañó a ocho inversionistas mexicanos para que contribuyeran con más de un millón de dólares para una cadena de restaurantes llamada “Las Quesadillas”.

Ambos enfrentan hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude electrónico y hasta 10 por cada uno de los cargos de alentar la inmigración ilegal, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.