Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) prohibió presentar acusaciones penales o administrativas contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), pero mantuvo la orden de celebrar la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador con el presupuesto disponible.
El Ministro Juan Luis González Alcántara notifico hoy una orden del 31 de enero, para modificar la suspensión que había dictado el pasado 10 de diciembre, en la controversia constitucional que el INE promovió para impugnar la reducción de 4 mil 913 millones de pesos a su solicitud presupuestal, aplicada por la Cámara de Diputados.
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“Se modifica la suspensión decretada el 10 de diciembre de 2021, solicitada por el INE, para que lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado; así como para que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General de dicho Instituto”, ordenó el Ministro.
Con esta decisión, es casi un hecho que el Instituto tendrá que organizar la consulta de revocación con los mil 503 millones de pesos disponibles, lo que solo le permitirá instalar entre 50 y 60 mil casillas, en vez de las 161 mil que ordena la Ley Federal de Revocación de Mandato.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la única instancia que aún podría dictar una orden sobre el tema presupuestal, salvo que una de las salas de la Corte modifique en el corto plazo los términos de la suspensión de González Alcántara, lo que es poco probable.
La Secretaría de Hacienda rechazó la semana pasada la ampliación presupuestal de mil 730 millones de pesos que, por orden del TEPJF, le presentó el INE.
En diciembre, González Alcántara había negado autorizar más presupuesto para el INE, argumentando que aún no se reunían las firmas necesarias para convocar a la revocación de mandato, lo que ya sucedió.
El Ministro se refirió al tema de las responsabilidades penales o administrativas de los consejeros, porque el INE amplió su controversia en enero, para incluir entre los actos reclamados una carpeta de investigación que la Fiscalía General de la Republica (FGR) inició por denuncia del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
Esta denuncia fue presentada luego de que el organismo electoral resolvió, por 6 votos contra 5, que aplazaría la consulta de revocación por falta de presupuesto. Este acuerdo fue anulado a finales de diciembre por la Sala Superior del TEPJF.
El tema de las responsabilidades administrativas, en tanto, podría derivar de la incapacidad del INE para celebrar la consulta de revocación con la amplitud que marca la ley, que ordena que debe ser con las mismas casillas que la última elección federal.
Agencia Reforma