Familiares de algunas de las personas detenidas en los últimos días en El Salvador denunciaron que sus parientes fueron arrestados de manera arbitraria y que éstos no pertenecen a las pandillas.
El presidente Nayib Bukele decretó el 27 de marzo el estado de excepción en todo el país. Esta medida se tomó tras el registro de 62 homicidios en tan sólo 24 horas.
Del recuento de personas fallecidas, 30 de ellas no tenían relación con las pandillas según el medio de El Salvador, El Faro.
Este aumento tan significativo de homicidios en El Salvador no se veía desde hace dos años, sin embargo, llama la atención a organismos internacionales la decisión del presidente salvadoreño.
De acuerdo con la Constitución de El Salvador, el artículo 29 define al régimen de excepción como aplicable “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público.
“Podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos”, agrega el documento.
Como se indica, diversos artículos podrán ser suspendidos en casos de perturbaciones de orden público, como la libertad de entrar y salir del territorio; libertad de expresar y difundir sus ideas; libertad de reunión; y la inviolabilidad de la correspondencia o la prohibición a la intervención de llamadas telefónicas, respectivamente.
La otra cuestión es la violación de derechos humanos de quienes están en la cárcel. Muchas veces se ha criticado la actitud criminalizadora de Nayib Bukele hacia los reos en El Salvador, la manera en que los exhibe muchas veces promueve una estigmatización hacia estas personas.
También se ha acusado la actitud beligerante de Bukele que pretende, con mano dura solucionar los problemas de El Salvador. Esto ha resultado en señalamientos sobre la omisión del problema real que acarrea el país centroamericano: pobreza, la ausencia de trabajos y de oportunidades, y la violencia.
Por dichos motivos, es que a organizaciones de derechos humanos les ha preocupado la decisión de Nayib Bukele, y es que, según los organismos de derechos humanos, los derechos de los salvadoreños están siendo coartados bajo la premisa de que se debe terminar con los pandilleros a como dé lugar, esto sin importar si se violan los derechos de los salvadoreños.
Sobre las recientes acciones, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos enfatizó que hay preocupación debido a que “el decreto aprobado suspende garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala como derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción”.
“Este extremo supone otra grave amenaza a la libertad de prensa y a los derechos humanos”, por tanto, “para que el gobierno salvadoreño asegure un descenso de la violencia y protejan los derechos humanos de la población, las autoridades deben actuar de conformidad con las reglas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga normas del derecho internacional de los derechos humanos”, condena WOLA.
En ese sentido, WOLA invita a las autoridades, y a los agentes de seguridad, a no actuar arbitrariamente con la población.
Los roces de El Salvador con Estados Unidos
Hace no mucho Nayib Bukele tuvo roces con el gobierno estadounidense ya que, a finales del 2021, dos funcionarios de El Salvador fueron sancionados debido a presuntos nexos con las pandillas y malversación de fondos del Estado. Bukele respondió que era una campaña de injerencismo y que las acusaciones eran absurdas.
El investigador sénior de la División de las Americas de Human Rights Watch, Juan Pappier, señaló que se está monitoreando la situación y que resulta preocupante la ola de homicidios, pero que es debatible la aplicación de un estado de excepción.
Frente a las acusaciones de autoritarismo y desmesura que han realizado organizaciones de derechos humanos, Nayib Bukele ha recalcado que fueron ellos (OEA, CIDH) quienes “patrocinaron la Tregua que solo fortaleció a las pandillas y les permitió acumular recursos, dinero, armamento y les permitió entrenarse en los polígonos de tiro del ejército para matar salvadoreños”.
A manera de demostrar lo contrario, Nayib Bukele ha actuado dicho a la comunidad internacional que deberían “adoptar” a los pandilleros, ya que su gobierno erradicará “la plaga”, y ha exhibido los “logros” que se han realizado durante estos dos días de régimen de excepción.
Así puede verse en su cuenta de Twitter al mostrar la captura de pandilleros de la Mara Salvatrucha y jactarse de haber atrapado mil 400 pandilleros.
El plan de Control Territorial de El Salvador
A Nayib Bukele se le criticado que el llamado Plan de Control Territorial, el cual consta de cuatro fases, no cuenta con documento alguno disponible, y por lo tanto, no se conocen los lineamientos que sigue el gobierno salvadoreño, lo que ha hecho pensar que muchas decisiones han sido tomadas unilateralmente por Nayib Bukele.
Si bien los homicidios se habían reducido drásticamente, a un punto que no se había visto desde la guerra civil en los 80, el organismo recalca que no hay una clara relación en la aplicación del Plan Territorial y la reducción de muertes, más bien habrían de considerase otros factores como “la tendencia a la baja registrada antes de que el actual Gobierno asumiera el cargo; y los cambios estructurales que las pandillas han vivido en los últimos años”, señala la CIDH.
“La CIDH alienta al Estado a publicitar ampliamente el contenido integral del Plan Control Territorial, así como a restablecer espacios de participación ciudadana,como el extinto Consejo de Seguridad Ciudadana, con el fin de promover la evaluación y rendición de cuentas permanente en mediante mecanismos que favorezcan consensos sociales y políticos para su implementación, así como la transparencia y el combate a la impunidad y la corrupción”, agrega el informe.
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