Las mujeres, niñas y adolescentes siguen viviendo violencias estructurales y sistémicas en todas sus formas y modalidades; tan sólo en los primeros cinco meses de 2022, fueron registrados 2 mil 117 delitos de violencia de género, con un aumento de 20% con relación con el mismo periodo de 2021.
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De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras de violencia familiar han tenido un crecimiento alarmante: en 2019 se reportaron 210 mil 189 denuncias por este delito, cifras que han ido en aumento pues en 2020 hubo 220 mil 031 casos y en 2021 un total de 253 mil 736 casos. Hasta el 31 de mayo de este 2022, se han registrado 110 mil 138. Cabe recalcar que marzo fue el mes más violento en los últimos siete años.
Es importante recordar que la violencia familiar, es la antesala al feminicidio. El 87% de las mujeres que ingresaron durante estos primeros cinco meses a algún Refugio Integrante de la Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) reportaron ser víctimas de violencia familiar, el 97% son mexicanas y el 3% son extranjeras. El 5%, de las mujeres ingresaron estando embarazadas.
Asimismo, durante estos primeros 5 meses del año en la RNR atendimos a 15,987 mujeres, niñas y niños sobrevivientes de violencias: 4,867 a través de las líneas de atención telefónica y redes sociales y, 11,120 mujeres e infancias fueron atendidas en algún Refugio y sus Centros de Atención Externa, lo que representa un incremento del 18% y 14% respectivamente en comparación al mismo periodo del 2021.
Pese a este incremento, los Refugios y sus Centros de Atención Externa apenas empezaron a recibir el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 el 9 de junio, tras más de 3 meses de operar sin recurso federal. De hecho, hoy todavía hay varios Refugios que no cuentan con el presupuesto. Esto en un contexto de emergencia nacional donde más de 11 mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas al día y más de 7 son desaparecidas.
Dicho escenario parecieran ser invisibilizado por parte de los gobiernos, pareciera que no se logra comprender la necesidad de tener espacios seguros, ni la importancia del compromiso que tiene el Estado de cumplir con los instrumentos nacionales e internacionales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres e infancias y, por ende, de ejercer el presupuesto etiquetado en tiempo y forma, no a cuentagotas sino priorizando el derecho de miles de mujeres, niñas y niños a vivir una vida libre de violencias.
Los datos de la Red Nacional de Refugios lo reflejan: de las mujeres que se comunicaron durante el periodo reportado a través de redes sociales y línea de atención telefónica, el 24% refirieron haber sido víctimas de violencia física; 38% víctimas de violencia psicológica; 30% dijeron vivir violencia sexual, económica y patrimonial; y, el 8% reportaron haber sido víctimas de todos los tipos de violencias mencionados. En promedio una mujer se comunicó cada hora para pedir apoyo. Asimismo, 127 mujeres reportaron violencia feminicida, esto es cuatro de cada 100 mujeres reportaron intento de feminicidio.
El 33% de estas orientaciones se realizaron en la Ciudad de México y el Estado de México, encabezando las solicitudes de apoyo, seguidos del 16% de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz y el 51% distribuido entre los demás estados de la república.
De las personas agresoras reportadas, el 67% de los agresores tenía algún vínculo afectivo con la mujer víctima de violencias, de los cuales el 43% es la pareja actual, esposo el 23% y expareja el 1%.
La violencia contra las mujeres y la ausencia de un presupuesto garante
El 30% de las mujeres que se comunicaron tienen hijas e hijos, lo que representa un total de 1,441 niñas y niños, de los cuales el 56% también son víctimas de violencias, principalmente física y emocional, cuyo agresor principal es el padre.
En los espacios de protección de la RNR, el 97% de las infancias fueron violentadas: psicológicamente el 98%, económicamente el 70%, víctimas de violencia patrimonial el 52% y el 21% víctimas de violencia sexual. En la mayoría de los casos las infancias fueron víctimas de más de un tipo de violencia.
En el 82% de los casos, el agresor es el padre o pareja de la madre, en el 2% de los casos la persona agresora es algún familiar y en el 1% se trata de una persona no conocida.
Durante los primeros cinco meses de 2022, fueron registrados 3,082 asesinatos de mujeres, de los cuales solo 396 han sido tipificados e investigados como feminicidio. Tan sólo de abril a mayo, las mujeres víctimas de homicidio doloso aumentaron 21.4 por ciento al pasar de 224 a 272.
De acuerdo con datos de México Evalúa, durante 2021 el 99.7% de los casos de violencia sexual contra mujeres mayores de 18 años no se denunciaron o bien, se denunciaron, pero no derivaron en carpeta de investigación. Esto representa un vacío estadístico que dificulta el análisis y dimensión de la violencia sexual.
El 25 de mayo de este año, Autoridades de Seguridad del Gobierno Federal y del gobierno de la Ciudad de México reconocieron que existe una elevada cifra negra en el número de feminicidios que se cometen en México. Principalmente debido a un rezago de hasta 12 años de los casos y la tardía tipificación del delito de feminicidio.
Los refugios restituyen los derechos humanos de las mujeres y de las infancias, los refugios previenen feminicidios y son un mecanismo eficaz y articulado de acompañamiento y empoderamiento para todas esas mujeres que han sido ignoradas por un Estado y una sociedad omisa, apática e indiferente ante las violencias que ponen en riesgo la vida de mujeres y niñas.
Lo anterior se ve reflejado en que históricamente el Presupuesto de Egresos de la Federación abarca sólo algunos meses del año en cada ejercicio fiscal, como si las violencias machistas contra las mujeres se ejercieran únicamente por periodos, por lo que además de la demora en la entrega de recursos, las Organizaciones de la Sociedad Civil, encargadas de operar la mayor parte de los Refugios del país, siguen operando y generando gastos. Esta situación de incertidumbre ha sido invisibilizada y minimizada por parte del gobierno, al ser definida como “sólo un apoyo”.
Es indispensable reconocer que no se trata de una dádiva o un ejercicio de buena voluntad, sino de la obligación de los Estados de proteger y garantizar el derecho a una vida libre de violencias para todas las mujeres, lo que incluye designar con perspectiva de género y entregar de manera oportuna un presupuesto garante.