Gracias a un tratado internacional que entró en vigor a principios de año por un decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la madre de Emilio Lozoya ya no estará sujeta a la prisión domiciliaria.
De esta manera, Gilda Margarita Austin y Solís puede salir a la calle, aunque con brazalete electrónico y con vigilancia policial permanente.
En una audiencia de casi 11 horas, Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, expuso que el cambio de medida cautelar en esencia lo fundamenta en un decreto publicado a principios de año por López Obrador.
Dicho documento es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue incorporado al ordenamiento jurídico nacional con el decreto publicado por el primer mandatario en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 10 de enero.
El tratado obliga a los Estados suscribientes a garantizar el derecho de los adultos mayores a la integración, una vida plena, independiente, libre de violencia y adecuado acceso a la justicia, así como preferencia en todos los ámbitos.
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