El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, presentó una controversia constitucional contra el segundo decreto del Ejecutivo para declarar como “de seguridad nacional” las obras del Tren Maya y del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, a fin de reservar toda la información sobre dichos proyectos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el decreto apenas cuatro horas después de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el 18 de mayo un primer acuerdo presidencial casi idéntico y con los mismos fines.

En un mensaje en redes sociales, el legislador del Santiago Creel acusó al presidente de un acto arbitrario que atenta contra el derecho humano a que el gobierno rija su actuación bajo el principio de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y de máxima publicidad.

Santiago Creel advirtió que si la Corte reafirma la declaración de inconstitucionalidad y el presidente López Obrador insiste en expedir un nuevo decreto, la Cámara de Diputados impugnará cuantas veces sea necesario.

El decreto impugnado busca que ciertas obras de infraestructura del gobierno federal sean consideradas de seguridad nacional y, con ello, negar la información a que tienen derecho los mexicanos.

La controversia constitucional es el juicio que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.

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