El juez federal, Martín Santos, emitió una suspensión definitiva en la que instruye al Presidente Andrés Manuel López Obrador a cesar sus ataques hacia la aspirante opositora Xóchitl Gálvez de manera indefinida.
Además, la orden prohíbe a las autoridades hacendarias divulgar cualquier información relacionada con su situación financiera, fiscal, empresarial o bancaria.
El ordenamiento fue otorgado en el amparo presentado por Gálvez el 18 de julio, en respuesta a la exposición pública de información sobre sus empresas realizada por el Presidente durante una conferencia de prensa matutina.
La orden establece que López Obrador y funcionarios de la Presidencia deben abstenerse de realizar manifestaciones, declaraciones, comunicados o publicaciones que se refieran a Gálvez en su persona, situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pueda tener.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, empresarial y bancaria de Gálvez, a menos que sea solicitada de acuerdo con la legislación aplicable.
La orden también incluye la eliminación de todas las declaraciones y comunicados sobre Gálvez de las plataformas y redes sociales de la Presidencia, particularmente los transmitidos del 3 al 5, 7 y 14 de julio.
La suspensión definitiva puede ser impugnada por el Gobierno ante un tribunal colegiado, pero estas revisiones suelen tomar entre dos y tres meses. Mientras tanto, la orden del juez debe ser acatada.
Martín Santos ya había otorgado previamente una suspensión provisional con efectos similares el 7 de agosto, la cual estaba bajo revisión en el Décimo Noveno Tribunal Colegiado Administrativo. Dado que el juez ha resuelto sobre la suspensión definitiva, este recurso queda sin efecto.
El incumplimiento de una suspensión es un delito que conlleva una pena de tres a nueve años de prisión. López Obrador enfrentó este mismo cargo en 2005 cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.
Además de la suspensión, el juez deberá analizar si el Presidente ha violado los derechos humanos de Gálvez con sus declaraciones en el fondo del amparo.
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