Un juzgado federal en el distrito oeste de Texas emitió una orden que exige a Texas retirar la cadena de boyas colocadas en el río Bravo, en la frontera entre Estados Unidos y México, antes del 15 de septiembre.
El juez federal David Ezra fundamentó su fallo en que esta barrera constituye una “obstrucción a la capacidad navegable” del río.
El gobierno estatal de Texas, liderado por Greg Abbott, fue reprendido por no haber obtenido la autorización federal previa para instalar estas boyas.
Esta cadena de boyas de color naranja brillante se extiende a lo largo de un tramo del río donde los migrantes a menudo intentan cruzar desde México.
Además de las boyas, Texas ha implementado alambre de púas y vallas de acero en la frontera, y ha permitido que agentes armados arresten a inmigrantes acusados de invasión de propiedad privada.
Estas medidas son parte de la ofensiva contra el flujo migratorio que Abbott ordenó en respuesta a la gestión migratoria del gobierno federal de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos impugnó legalmente estas acciones de Texas, acusando al estado de haber colocado una barrera en la frontera internacional sin permiso.
La administración del presidente Joe Biden también expresó preocupaciones humanitarias y ambientales relacionadas con esta barrera de agua.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que las boyas representan un problema humanitario y diplomático, ya que van en contra de los tratados fronterizos con México.
La fiscal federal Vanita Gupta celebró la decisión del tribunal y destacó que esta barrera pone en peligro las relaciones diplomáticas, la seguridad pública y la navegación en el río Bravo y sus alrededores.
El gobierno de Texas, por su parte, anunció que apelará la sentencia, considerándola incorrecta. El costo de instalar esta barrera flotante en el río Bravo se estima en un millón de dólares y ha sido parte de las políticas implementadas por Abbott contra los migrantes que llegan de México.
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