La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la medida cautelar otorgada por el ministro Javier Laynez, quien frenó la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal.

En el mismo contexto, la Consejería hace un llamado a la SCJN para que cumpla la promesa de la ministra presidenta, Norma Piña, de dirigir los recursos acumulados en esos fideicomisos para los afectados por el huracán Otis en Guerrero.

En el comunicado emitido, la Consejería Jurídica considera la medida cautelar otorgada como ilegal, ya que el propio ministro Laynez reconoce que el decreto impugnado contempla medidas para salvaguardar los derechos laborales.

Asimismo, insta a la SCJN a honrar la palabra de Norma Piña para permitir que los recursos públicos se utilicen en la reconstrucción de Acapulco.

La Consejería critica la interpretación del ministro Laynez, sugiriendo que destinar los recursos a la reconstrucción afectaría a la ciudadanía. Además, cuestiona la falta de imparcialidad y objetividad del ministro, especialmente porque se pronunció públicamente contra las modificaciones a la ley del Poder Judicial Federal. Señala que Laynez no se ha excusado de conocer las acciones de inconstitucionalidad, lo que evidencia su falta de imparcialidad.

El comunicado destaca que el ministro suspendió todos los efectos del decreto impugnado de manera arbitraria, ignorando la normativa que establece que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no suspende la norma cuestionada, incluidas las disposiciones transitorias.

La Consejería argumenta que justificó indebidamente la suspensión, alegando daño irreparable al derecho de acceso a la justicia, algo que consideran falso, ya que la función jurisdiccional está garantizada con los recursos presupuestales asignados anualmente al PJF.

También señala que Laynez erróneamente afirma que los fondos de los fideicomisos son necesarios para la función jurisdiccional, olvidando que esta se garantiza con los recursos presupuestales anuales asignados al Poder Judicial Federal.

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