Según datos de la plataforma “Votar entre balas”, desarrollada por Data Cívica, desde enero hasta la primera quincena de febrero de 2024, se han registrado siete asesinatos de precandidatos de diversos partidos políticos y diferentes cargos de elección popular, principalmente a nivel local.
Estos eventos se suman a los casos de Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez Luna, quienes fueron asesinados en Maravatío, Michoacán.
La información proporcionada por esta organización de la sociedad civil revela que durante enero de este año se perpetraron cuatro homicidios.
Entre las víctimas se encuentran Alfredo Giovanni Lezama Barrera, precandidato a diputado federal por el PAN; David Rey González Moreno, aspirante a la alcaldía de Suchiate; Sergio Hueso, quien buscaba la alcaldía de Armería por Movimiento Ciudadano; y Porfirio Hernández Aparicio, precandidato a la alcaldía de Jalpan por Morena.
En el mes de febrero, se reportaron los casos de Erick Catalán Rendón, Yair Martín Romero Segura y Jaime Vera Alaniz, a los cuales se añaden los trágicos sucesos de Zavala y Pérez Luna.
De acuerdo con las cifras recopiladas por Data Cívica y considerando los eventos del 26 de febrero, desde el inicio del proceso electoral el 6 de septiembre de 2023 hasta la fecha, se han documentado 235 incidentes de violencia contra políticos o aspirantes a cargos de elección popular.
De estos eventos, 134 han culminado en asesinatos, y dentro de este número, 13 corresponden a individuos identificados como contendientes en el presente proceso electoral. Es decir, el 69% de los asesinatos de contendientes en este proceso se han producido en el transcurso de este año.
La coordinadora de “Votar entre balas”, Itzel Soto, señaló que la violencia política en México se concentra mayormente en puestos a nivel municipal.
Según los datos presentados en la plataforma, cuatro de los siete asesinatos registrados hasta la primera quincena de febrero fueron dirigidos contra precandidatos a cargos locales.
Soto destacó que todos los precandidatos municipales asesinados en enero de 2024 pertenecían a partidos distintos a los que ostentaban el poder en sus respectivas entidades federativas.
Esta situación, según la especialista, evidencia procesos de reconfiguración y luchas por obtener puestos o influencia en las autoridades gubernamentales.
Por su parte, Gerardo Rodríguez, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla, coincide en que los grupos criminales atacan a candidatos locales debido a su vulnerabilidad, convirtiéndolos en blancos fáciles para la extorsión y la intimidación.
Aunque Rodríguez considera que el programa de seguridad para candidatos federales no es ineficiente, expresa su preocupación por la capacidad de los gobiernos estatales para brindar protección a los aspirantes locales, lo que podría generar costos adicionales para las campañas.
En otro contexto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hasta el momento, 11 candidatos a diversos cargos públicos han solicitado protección en el estado.
Bedolla instó a los aspirantes a acercarse al gobierno estatal en caso de requerir seguridad y les advirtió sobre la peligrosa práctica de buscar respaldo de grupos criminales, señalando que esto puede desembocar en secuestros o extorsiones.
El mandatario estatal también reconoció la presencia de grupos de delincuencia organizada que intentan influir en la decisión de los candidatos o controlar políticamente algunos municipios, destacando la necesidad de abordar esta problemática con seriedad y realismo.
Asimismo, aseguró que las fuerzas federales están desplegadas en la región y continúan llegando refuerzos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano para garantizar la seguridad en el proceso electoral.
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