Las autoridades de Nuevo León tomaron medidas para clausurar la refinería en Cadereyta, que había sido objeto de denuncias por emitir contaminantes a la atmósfera. Sin embargo, fuentes de la empresa indicaron que la planta seguía en funcionamiento.
El gobierno estatal había demandado a la refinería Héctor Lara, con una capacidad de procesamiento de 275 mil barriles por día, que redujera sus emisiones contaminantes o enfrentaría el cierre. A pesar de que su procesamiento promedio el año pasado fue de solo el 43% de su capacidad, las denuncias persistieron.
Ante la negativa de la refinería de colaborar y recibir al equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, y debido a las evidentes emisiones de contaminantes, el gobierno de Nuevo León procedió a la clausura de la refinería.
Funcionarios estatales tenían programada una inspección en la planta de Pemex, que argumenta haber invertido grandes sumas para modernizar las refinerías. Sin embargo, fuentes de la petrolera afirmaron que, a pesar de la “clausura”, la refinería de Cadereyta continuaba operando bajo amparo legal.
A principios de febrero, la Comisión para la Cooperación Ambiental anunció que revisaría una queja sobre las emisiones de Cadereyta.
La protesta de miles de habitantes de Monterrey el 28 de enero evidenció la preocupación por la contaminación generada por la refinería de Pemex en Cadereyta, la cual es responsable del 90% de las emisiones de dióxido de azufre en la ciudad. Los manifestantes exigieron el cierre de la planta, argumentando que contribuía a mantener a Monterrey como una de las ciudades más contaminadas del continente.
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