El Instituto Nacional Electoral (INE) ha iniciado el proceso de verificación de las postulaciones realizadas por los partidos políticos en el actual proceso electoral.
Este proceso busca constatar que las candidaturas cumplan con la reforma constitucional aprobada en 2023 y no hayan sido sancionadas, con sentencia firme, por alguno de los ocho supuestos de violencia de género.
En un comunicado oficial, el INE detalló que solicitará información a las autoridades locales y federales hasta el próximo 5 de marzo para asegurarse de que las personas postuladas no tengan sentencia firme por la comisión de delitos relacionados con violencia de género, como delitos contra la vida e integridad corporal, libertad y seguridad sexuales, entre otros.
El organismo electoral destacó que estas medidas constituyen un instrumento normativo para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos mencionados.
Las candidaturas debieron llenar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en el que afirman no encontrarse en ninguno de los supuestos de violencia de género.
La lista de candidaturas está disponible en el portal del INE desde el sábado, y los ciudadanos pueden hacer llegar información al instituto si consideran que alguna no cumple con los requisitos.
Los ciudadanos pueden realizar denuncias a través de la página del INE o en los consejos distritales hasta el 2 de abril. Una vez obtenida la información, el INE llevará a cabo el análisis y verificación correspondientes.
En los casos en que se advierta un posible incumplimiento de requisitos de elegibilidad de una candidatura y se cuente con evidencia, la Secretaría Ejecutiva dará vista a las candidaturas y al partido involucrado para que manifiesten su postura en un plazo de tres días naturales.
El INE advirtió que, en caso de que alguna persona candidata incurra en falsedad de declaraciones, dará vista a las autoridades respectivas y negará dichas candidaturas, de acuerdo con la reforma constitucional aprobada el año pasado.
El proceso de verificación incluye a 15 entidades que poseen registros de estos supuestos, a los cuales se solicitará información, mientras que en el resto se hará a los tribunales superiores de justicia de cada estado.
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