El gobierno de Perú decretó estado de excepción en todo el país durante 30 días, tras las protestas y violencia iniciadas hace una semana, luego de la destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso andino.
“Debido a los actos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos que, ciertamente, ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren de una respuesta contundente y de autoridad por parte del Gobierno”, informó el ministro de Defensa, Alberto Otárola.
Con el estado de emergencia, los militares se hacen cargo de la seguridad pública y quedan suspendidos algunos derechos básicos, como la libertad de tránsito y de reunión. El Gobierno puede decretar un toque de queda.
Para hoy está anunciada un marcha masiva por el centro histórico de Lima, hasta dónde participarán representaciones desde diferentes puntos del país.
Las exigencias siguen siendo la disolución del Parlamento, la renuncia de la Presidenta Dina Boluarte, elecciones anticipadas inmediatas y, para algunos, la libertad y restitución de Castillo.
Ayer se informó de otras dos víctimas fatales por las revueltas, dos jóvenes de 18 años, ambos en distintas regiones, con lo cual totalizan al menos nueve fallecidos, mientras hay centenares de heridos, algunos de gravedad, entre los que se cuentan civiles y policías.