Quince años después del devastador ataque con explosivos que sacudió a la población durante la Ceremonia del Grito de Independencia en 2008 en Michoacán, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno mexicano ha anunciado la procedencia de otorgar las primeras compensaciones subsidiarias en favor de dos de las familias.
Esta importante determinación se enmarca en las acciones de reparación del daño establecidas por las autoridades federales, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Víctimas. La resolución se tomó como resultado de la sentencia emitida en el juicio de amparo 1825/2022 por el Juzgado en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, según informó la abogada Reyna Velasco Guerrero, asesora jurídica de un grupo de víctimas.
Las notificaciones de la CEAV fueron entregadas a las dos familias afectadas el pasado viernes 22 de septiembre, marcando un hito en la búsqueda de justicia y reparación para quienes sufrieron las consecuencias de este acto violento. Con estas resoluciones, se reconoce el derecho de cinco víctimas directas y sus víctimas indirectas a recibir compensaciones económicas por los daños sufridos a raíz del delito cometido en su contra.
Este paso se produce después de un proceso legal de tres años que las víctimas tuvieron que seguir desde que obtuvieron la calidad de víctimas y solicitaron la compensación. El ataque se llevó a cabo en uno de los momentos más álgidos de la guerra contra el narcotráfico declarada por el expresidente Felipe Calderón.
La abogada Reyna Velasco señaló en un comunicado que estas compensaciones son otorgadas a las víctimas del delito por parte del Estado cuando los responsables se encuentran sustraídos de la acción de la justicia, han fallecido o no se cuenta con datos para identificar a los culpables, como es el caso en esta tragedia en la que no se ha identificado a ninguna persona responsable del atentado en el que perdieron la vida ocho personas y más de cien resultaron heridas, muchas de ellas con secuelas duraderas.
Velasco Guerrero afirmó: “Es decir, es una obligación del Estado al no poder otorgar justicia a las personas afectadas y con ello que quien y/o quienes cometieron el delito en su contra les repare el daño causado.”
Aunque esta compensación no resuelve por completo las omisiones cometidas por diversas autoridades a lo largo de este prolongado proceso, que ha impedido que hasta hoy no se identifiquen responsables, representa un paso importante en favor de las víctimas. Esto implica que el Estado asume la responsabilidad que en el proceso penal ha dificultado a las víctimas obtener una reparación integral del daño y acceder a la justicia.
Sin embargo, Reyna Velasco destacó que aún queda un pendiente pendiente con las víctimas, ya que, desafortunadamente, mientras no haya procesados o sentenciados por estos hechos, no habrá verdad ni justicia plenas para las personas afectadas.
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