El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó su descontento tras la resolución de la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, Ana Lilia Osorno Arroyo, que determinó como improcedente la demanda de la Fiscalía General de la República (FGR) para que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser propiedad de la Federación.

La jueza argumentó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable al caso, ya que Lozoya adquirió la propiedad en 2012 y el delito de lavado de dinero no estaba contemplado en la Constitución como uno de los ilícitos para reclamar un bien por esta vía legal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente acusó pretextos legaloides por parte de los jueces y reiteró la necesidad de reformar el Poder Judicial.

López Obrador destacó que la devolución de la propiedad es una decisión judicial, no del Poder Ejecutivo ni de la Fiscalía.

“De la devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez, no es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía, es una decisión de un juez, como las tenemos lamentablemente casi a diario, de jueces que deciden liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho, con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender que se trata de justicia.

“Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico, ‘faltó poner la hora precisa, no lo detuvieron a las 10, sino a las 12, no fue el jueves, sino el viernes, faltó una firma o lo que se le encontró no pasaba de cinco armas de alto poder’ o cosas por el estilo. Estamos enfrentando diario todo esto, por eso vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial, (que) está muy podrido, hay desde luego honrosas excepciones, pero son eso, excepciones, no es la regla”, dijo.

En relación al caso Agronitrogenados, el Mandatario señaló que aún no hay un acuerdo con Lozoya sobre la reparación del daño. Insistió en la importancia de elegir a jueces, magistrados y Ministros de la Suprema Corte mediante votación ciudadana para combatir la corrupción en el Poder Judicial.

La resolución de la jueza no implica la devolución inmediata de la residencia, ya que el aseguramiento se levantará hasta que exista una sentencia de última instancia.

Además, la FGR podría impugnar la resolución ante un tribunal colegiado de apelación en materia civil. La propiedad fue adquirida por Lozoya en 2012 y estaba asegurada en el proceso del caso Agronitrogenados, pero dicho procedimiento quedó sin efecto el pasado 31 de agosto.

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