El periodista Tim Golden, en un reportaje publicado en ProPublica, señala que testigos aseguraron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que importantes traficantes de droga canalizaron aproximadamente 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

La información se basa en más de una docena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano. Golden destaca que la investigación no estableció si López Obrador sancionó o sabía de las supuestas donaciones de los traficantes.

Según el reportaje, la fuente inicial de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que se presentó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México en 2008. López Nájera afirmó que Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, había canalizado fondos a la campaña de López Obrador. Este episodio se habría dado en una reunión en enero de 2006, organizada por Francisco León García, “Pancho” León, quien lanzaba su candidatura al Senado como representante de la alianza de izquierdas de López Obrador.

Durante la reunión, según relatos proporcionados a investigadores estadounidenses, se planteó que, a cambio de una inyección de dinero en efectivo, la campaña de López Obrador prometió seleccionar funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que ayudarían a los traficantes. También se indicó que López Obrador no nombraría a un fiscal general considerado hostil a los intereses de los traficantes, aparentemente otorgándoles un derecho de veto sobre el nombramiento.

La Barbie habría aceptado el trato y encargó a López Nájera organizar los pagos con funcionarios de la campaña de López Obrador en Ciudad de México. Según informantes de la DEA, se realizaron tres entregas, sumando un total de aproximadamente 2 millones de dólares en efectivo entregados a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña de López Obrador, y otros participantes en la campaña.

La investigación contempló una propuesta de operación encubierta en 2011, ofreciendo 5 millones de dólares en supuesto dinero del narcotráfico a operativos que trabajaban en la segunda campaña presidencial de López Obrador. Sin embargo, debido a preocupaciones por el escándalo de la operación “Rápido y Furioso” y temores a posibles consecuencias en México, la investigación fue cerrada a finales de 2011.

El portavoz del presidente mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a las peticiones de comentarios sobre el reportaje. Nicolás Mollinedo, también mencionado en el artículo, afirmó que sigue siendo leal al presidente y que sus esfuerzos comerciales han sido totalmente honestos, a pesar de las acusaciones en su contra.

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