La organización feminista Elementa DDHH advirtió de repercusiones de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para prohibir el uso del fentanilo en México.
Según la organización, esta medida podría incrementar la violencia del crimen organizado y la corrupción sin lograr afectar significativamente al mercado o a las redes de macrocriminalidad.
La reforma propuesta busca modificar los artículos 4, 5 y 19 de la Constitución, argumentando protección de la salud pública.
Sin embargo, Elementa DDHH sostiene que estas modificaciones adoptan un enfoque punitivo que vulnera los derechos humanos y contradice estándares internacionales en materia de políticas de drogas.
Dentro de las reformas incluidas en el paquete presentado por el mandatario mexicano el pasado 5 de febrero, se incluyen medidas restrictivas contra la producción y distribución ilegal de drogas sintéticas como el fentanilo, así como prisión preventiva para extorsionadores y narcotraficantes.
Elementa DDHH argumenta que elevar la prohibición a nivel constitucional no debilitará el mercado, sino que creará más oportunidades para la corrupción y aumentará la violencia generada por grupos del crimen organizado.
Además, señala que estas medidas podrían incrementar la población penitenciaria por delitos menores relacionados con drogas, al incluir el ‘narcomenudeo’ como delito que amerita prisión preventiva.
La organización también advierte que la reforma podría dificultar el acceso a medidas de reducción de daños para los usuarios de drogas y aumentar el riesgo de hostigamiento policial y detenciones arbitrarias.
Elementa DDHH rechaza la estrategia propuesta, calificándola como electoral y basada en un enfoque de “mano dura” contra las drogas, que pone en riesgo la salud, la vida y la libertad de las personas.
La iniciativa del presidente López Obrador ha sido presentada a pesar de las críticas de grupos de izquierda que lo acusan de conservador en su postura sobre las drogas, incluyendo la marihuana.
Este movimiento ocurre en un contexto de aumento de la presión por el tráfico de fentanilo, coincidiendo con las elecciones presidenciales tanto en México, en junio, como en Estados Unidos, en noviembre.
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